Educación para la igualdad y medios de comunicación

*Valentina Montoya Robledo

El artículo de la psicóloga Angela María Rojas, “Salud, Género y Medios de Comunicación” gira en torno a la posibilidad que tienen los medios de comunicación para disminuir la brecha existente entre la salud de hombres y mujeres, a través de un cambio de concepción de los estereotipos alrededor de lo “femenino” y lo “masculino”. (http://www.gobilingual.us/folios/n23/N23-3.pdf) Para ella, la salud de hombres y mujeres se manifiesta de manera diferente, de acuerdo con el sexo y la identidad de género de cada uno. Así, por ejemplo, las mujeres tienen una expectativa de vida mayor aunque la percepción de su propio estado de salud es inferior a la de los hombres. Conductas asociadas con la maternidad, son únicamente predicables de ellas.

Los medios, da acuerdo con Rojas, tienen una doble labor. Por una parte, aportan en la construcción de la identidad de género, y por otro, reafirman las identidades existentes. Mientras que a los hombres se les muestra como líderes autosuficientes, a las mujeres se les define como víctimas. Más aún, los medios tienen una fuerte influencia en la forma como se representa la salud de hombres y mujeres. Por ejemplo, la idea de un cuerpo voluptuoso pero delgado se difunde respecto de las mujeres, apelando al ideal de “belleza” femenino; esto deriva en mayores desordenes alimentarios y baja autoestima.  A su vez, los hombres son presentados, de acuerdo con la identidad masculina, 1) como fuertes y musculosos, o 2) con leve sobrepeso. Esto lleva, frente a los primeros, a una mayor calidad de vida dado que se ven incentivados a practicar deporte de forma competitiva; frente a los segundos, a una mayor auto-aceptación de su cuerpo, pero también a posibles enfermedades asociadas con el sobrepeso.

La autora aclara que muchas veces los medios de comunicación, pueden impactar sobre la salud de hombres y mujeres; sin embargo, no tienen el propósito específico de mejorar su salud. Se plantea que por ejemplo, en el campo de la salud sexual y reproductiva, que, dada la influencia de la televisión, muchos/as adolescentes asumen comportamientos románticos y sexuales que pueden tener fuertes sesgos sexistas, sin que esta se haya preocupado por su impacto.  

Rojas hace énfasis en la potestad de los medios para reforzar identidades claramente discriminatorias y prejuicios contra las mujeres y los hombres, que sutilmente entran en el inconsciente de los receptores y definen muchos de los roles que asumen en su vida (Ver: Rebecca Cook, Simone Cusack. Estereotipos de Género). El debate aquí puede responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo transformar el contenido de los medios sin entrar en la censura? Si bien estoy de acuerdo en que la comunicación masiva tiene la potestad de transformar ideas, la censura a los medios de comunicación para que emitan únicamente aquello que es deseable desde la perspectiva de género, puede implicar una restricción de la libertad de pensamiento y de prensa, ampliamente defendida en nuestra Constitución. Si nos ponemos a pensar en las preguntas de la autora respecto de cuáles son los valores que deben promoverse por estos medios de comunicación, llegamos a la conclusión en torno a que ese deber ser puede limitar a muchas personas que piensan diferente, o que incluso ven los medios de comunicación simplemente a través de las leyes del mercado.

Considero, al igual que la autora, que existen otras salidas. Puede hablarse de una regulación desde la sociedad, y una construcción de contenidos desde la misma. Pero más allá de eso debe apuntarse al cambio cultural en quienes crean contenidos. Los medios son la expresión de una sociedad. Concuerdo con la autora cuando dice que aquellos que crean contenidos sexistas, son profundamente sexistas. La opción más fuerte es “cambiarle el chip” a aquellos que crean los contenidos promovidos por los medios, para que incluyan la igualdad de género que se requiere dentro de una sociedad igualitaria y democrática. El raciocinio que se consolida a través de educación incluyente y anti-sexista, es el primer paso para abrir la mente de aquellos que siguen impulsando roles de género estereotipados de hombres y mujeres. Mientras quienes crean contenidos no entiendan que promover a las mujeres como objetos va en contra de su dignidad, que presentar a los hombres como insensibles, y que enfocarse únicamente en la belleza femenina repercute en el futuro y en la salud de millones de niñas y niños televidentes, no será posible consolidar una verdadera responsabilidad social que no sea impuesta coercitivamente sino que nazca de la racionalidad de aquellos que crean los contenidos de lo que se transmite a través de los medios de comunicación. La estrategia debe ser la educación por encima de la censura.

** Abogada (con honores), politóloga y estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Profesora auxiliar del curso de Relaciones Familiares. Investigadora del CIJUS y del IDEGE.

Herejía feminista

Maria Victoria Castro* y Valentina Montoya**

Hace algunos días la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, Maria Cristina Gómez, tuvo que renunciar a su cargo luego de que el rector de la institución, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, le prohibiera la realización del evento “Los debates actuales en la justicia” en el cual se otorgaría un doctorado honoris causa al académico Robert Alexy. Lo anterior dado que el congreso contaría con las ponencias de reconocidos académicos colombianos como Isabel Cristina Jaramillo, Rodrigo Uprimny y Mauricio García con claras tendencias pro abortistas, y que –según al rector de la UPB- el mismo Alexy tiene dicha postura ideológica, en contra de los ideales de la institución. Esto pese a que el evento académico no tenía ninguna relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

Para algunas personas la renuncia de la decana de Derecho de la UPB parece traída de los cabellos en una sociedad tan “progresista” como la colombiana, que se ha erigido como paradigma de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (ver Sentencias C-355 de 2006, T-440 de 1992, T-420 de 1992, T-890 de 2009, T-236 de 2004). Para otras es simplemente lo que ocurre en universidades católicas que se amparan en la enseñanza de valores religiosos y que actúan dentro del principio de la autonomía universitaria. Sin embargo, la renuncia de Maria Cristina Gómez no es un hecho aislado, sino el reflejo de lo que sucede en sociedades como las latinoamericanas, profundamente religiosas y tradicionales, en las cuales el pensamiento crítico e igualitario debe ser callado. El acoso laboral al que fue sometida la decana hace parte de un movimiento para aplastar a académicas y académicos progresistas en América Latina. La inquisición moderna se hace evidente (sobre esto recomendamos ver el texto de Rebecca Cook “Modern Day Inquisitions”).  

Aunque el debate es entre la libertad de cultos y la autonomía universitaria, la renuncia de la decana nos muestra en el trasfondo una renuncia casi impuesta, donde profesores de la universidad y el mismo rector inhiben el papel académico y administrativo de Gómez, llevándola a tomar su determinación. Estas actitudes pueden enmarcarse dentro del acoso laboral, que la Ley 1010 de 2006 define como

“…toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo”.

Monseñor y algunos profesores de la facultad aún piensan que están por encima de la ley, y que su culto puede imponerse sobre el de los demás a como dé lugar, bajo el amparo de la autonomía universitaria. No se dan cuenta que ésta no es absoluta y que con su práctica han llevado a una renuncia que en principio no se ha debido producir, menos aún en un medio académico y “democrático” como debería ser la universidad. Para las directivas de la UPB pueden haber varias repuestas: 1) la academia crítica debe ser borrada y los escenarios académicos controlados; 2) la lucha feminista por la interrupción voluntaria del embarazo es una manifestación de un grupo de mujeres “comunistas” y “asesinas de fetos” que debe ser condenada; 3) la Ley de Acoso Laboral es una más de aquellas que ellos pueden cumplir de forma discrecional.

En contraste, para Maria Cristina y los que la rodean, la situación lleva a varias conclusiones: 1) deben buscar otros espacios donde no sean constantemente acosados por sus tendencias ideológicas, la academia –al parecer- no es una opción, al menos no la UPB; 2) el masivo pronunciamiento de los medios de comunicación no impedirá la renuncia de la decana; y 3) este tipo de conductas acosadoras son una realidad en muchas de las instituciones del país, y través de ellas se limita a aquel que piensa diferente. En el fondo quedan varias inquietudes: ¿Cuál es el espacio de la academia en este tipo de debates? ¿Cuál es el papel de la justicia para reparar y propender por la no repetición del acoso laboral? ¿Qué hay de los derechos de las mujeres en espacios religiosos que se revitalizan día a día y en los cuales la diferencia entre Iglesia, Estado, y sociedad busca hacerse invisible?  

Para más información sobre el debate en la UPB recomendamos ver:

- Carta enviada por el Rector de la UPB a Maria Cristina Gómez ordenando la cancelación del evento académico: http://es.scribd.com/fullscreen/61545156?access_key=key-xg7ojyvhv1sldu91d7k

- Carta de respuesta de Maria Cristina Gómez renunciando a la decanatura: http://es.scribd.com/fullscreen/61545494?access_key=key-29gpud96acai25a506ts

- Entrevista a Maria Cristina Gómez publicada en Semana: http://www.semana.com/enfoque-principal/upb-esta-pasando-periodo-oscuridad/161858-3.aspx

* Maria Victoria Castro es abogada y profesora de cátedra del curso Juez e Interpretación Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, actualmente está cursando el segundo año de su Doctorado en Derecho en la misma Universidad.

** Abogada (con honores), politóloga y estudiante de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes. Profesora auxiliar del curso de Relaciones Familiares. Investigadora del CIJUS y del IDEGE.

La Comisión Asesora de Política Criminal: ¿por qué la manifiesta desproporción de mujeres en su conformación?

Marcela Abadía

Hace un par de meses el Ministro del Interior y de Justicia instaló una Comisión Asesora cuyo fin será el de apoyar la formulación de la Política Criminal del país. Esta Comisión está integrada por el Viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, así como también por  importantes y destacados académicos y profesionales del país, como lo son Iván González Amado, Yesid Reyes Alvarado, Camilo Sampedro Arrubla, Farid Benavides Vanegas, Iván Orozco Abad y  Rodrigo Uprimny Yepes. Ninguna mujer.

Cuando indagué a algunos de los integrantes de la Comisión acerca de la ausencia de mujeres en ella, me informaron que en ella estaba trabajando, como apoyo a los “temas de género”, la abogada peruana Julissa Mantilla, experta académica en esos temas. Celebro la inclusión de Mantilla –Master en Derecho del London School of Economics and Political Science (Inglaterra) y experta en Justicia Transicional–, pues loable ha sido su trabajo en temas relacionados con el reconocimiento de derechos y la participación de las mujeres en el acceso a la justicia, verdad, memoria histórica y reparación en el contexto latinoamericano.

Sin embargo, la representación de las mujeres en la participación del diseño de una política oficial, para su posterior adopción por parte del Consejo Nacional de Política Criminal, no me satisface.

No me satisface, en primer lugar, que la ya tan  pisoteada y desgastada frase de la “perspectiva de género”, con la que se pretende abordar en sede penal la violencia estructural contra la mujer, se pretenda justificar con la presencia de una única mujer. Estoy más que segura que no escasean en el país mujeres que, tanto desde la academia como desde el activismo, tienen la altura necesaria para acompañar a la destacada abogada Julissa Mantilla y a los demás miembros de la Comisión en la tarea de asumir el reto de conformar el documento que establecerá los requisitos, condiciones, objetivos, metas y justificación de las regulaciones en materia de política criminal y penitenciaria para los próximos años.

¿Por qué la poca visibilización de mujeres ante el Gobierno? Quisiera inclinarme por la creencia de que en el Gobierno cándidamente no se está al tanto de su trabajo. Con todo, no deja de rondarme la idea, espero puramente especulativa, de que quizá los asuntos de violencia contra la mujer no son un aspecto que realmente ocupe un lugar trascendental en la agenda político criminal del país.

En segundo lugar, tampoco me satisface que exista un desequilibrio casi absoluto en torno a la participación equitativa de mujeres y hombres en asuntos como este pues no podemos tener clara cuál la visión que se tiene en la Comisión acerca de la sistematicidad de la violencia contra la mujer, y por lo tanto tampoco sabremos si podremos identificarnos con los resultados que arroje el documento. Me pregunto cuál será la perspectiva político criminal a partir de la cual se concertará y acordará asumir la conflictividad social de género y los asuntos relacionados con derecho penal y mujer. Si la visión teórica de la mayoría de los miembros parte de una posición minimalista del derecho penal, como así parece ser el perfil de la generalidad de los integrantes de la comisión, uno esperaría que, sin son consecuentes con ella y apoyan la consabida “perspectiva de género”, tuviésemos la grata sorpresa de que presentaría una recomendación para la descriminalización absoluta del delito de aborto.

También quisiera saber (y sabríamos con mayor certeza de tener una participación estimable de mujeres preocupadas por estos temas) cómo esa mayoría imagina el control social para conductas que como el feminicidio, hoy plasmadas como delito especial en el Código Penal, parecen quedar enredadas en el sistema punitivo en la red de lo puramente simbólico y sin mayor relevancia en la práctica judicial. ¿Cómo conciliarán las dificultades dogmáticas y la dificultad probatoria procesal propia de nuestro sistema de justicia penal en punto a entender y comprobar que un homicidio se puede cometer, como de hecho ocurre, por la sola condición de ser mujer?[1]

Estas y muchas otras preguntas que conciernen a la mujer y a su relación con el sistema punitivo, como por ejemplo su papel de la víctima en el proceso penal, deben tener la trascendencia que se merecen. Es realmente insatisfactoria la ausencia de una mayor participación de mujeres en la elaboración de un documento de política criminal como el que se le ha encomendado a la Comisión. Un encargo que en tiempos recientes no se había podido ver en nuestra desordenada y caótica política criminal y en el que lamentablemente tampoco contamos con una proporcional intervención de mujeres con las que nos podamos sentir abiertamente  representadas.

No queda mas a esperar los resultados del documento, que ha quedado previsto para ser publicado en un término aproximado de seis meses. En el entretanto no podemos dejar de manifestar nuestra inconformidad por la persistente resistencia a que se reconozcan espacios de igualdad de participación de las mujeres en la construcción de la política pública y criminal del país en el que vivimos.

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[1] De acuerdo con el informe sobre Violencia sexual y feminicidios en Colombia presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica y Vamos Mujer, de octubre de 2008, es alarmante el índice del incremento en la tasa de mujeres asesinadas en el contexto del conflicto armado, así como por las muertes producidas por la violencia en la familia y sus parejas afectivas. A manera de ejemplo, cifras obtenidas del banco de datos del Cinep, en su publicación Noche y Niebla, muestran realidades que no se muestran en las cifras oficiales. En el período comprendido entre el segundo semestre de 2006, de 2007, de 2008 y el año 2009, 79 mujeres fueron ejecutadas extrajudicialmente, presuntamente por fuerza pública, insurgencia y paramilitares. Para los mismos períodos 54 mujeres fueron asesinadas y 19 fueron víctimas de violencia sexual (Cinep; 2006-2009).

Por otro lado, de acuerdo con la información registrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el período 2002-2009 se registraron 627.610 hechos de violencia en contra de las mujeres. “245 mujeres colombianas fueron víctimas de alguna forma de violencia. Por violencia de pareja, 101 mujeres; por lesiones personales, 100 mujeres; por violencia sexual, 40 mujeres, y 4 mujeres fueron asesinadas. Esto implica que en el país cada minuto 6 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia.  Será que a las mujeres nos matan porque nos aman? Feminicidios en Colombia 2002-2009 Olga Amparo Sánchez Gómez Casa de la Mujer, Funsarep, Ruta Pacífica, Vamos Mujer.

Publicidad sexista e igualdad

Juan Francisco Ortega Díaz[1] 

La publicidad se ha convertido, en las economías de mercado, en un instrumento de difusión de los bienes y servicios ofertados por los empresarios. O, al menos, en su origen, esa fue su función. La realidad, como sabemos, es diferente. La  publicidad es un instrumento con múltiples finalidades en el tráfico económico moderno. La difusión de los productos, en la actualidad, ni siquiera es la más importante. La publicidad sirve, esencialmente, para fortalecer marcas e inculcar valores -los especialistas hablan del good will o de la reputación marcaria, para hacer referencia a este conjunto de valores con los que los signos distintivos se vinculan-. Existen anuncios televisivos sobre automóviles -BMW como ejemplo paradigmático- en los que el producto apenas aparece descrito. No se dice absolutamente nada de la calidad, precio o prestaciones. La razón es clara, no se trata de difundir el producto nuevo, se trata de vincular el producto con el concepto de placer o de felicidad.

                  No obstante, realizar este proceso de vinculación no es sencillo. Los empresarios destinan sus esfuerzos a que los usuarios deseen el producto o, dicho en términos más técnicos, a generar una atracción que favorezca la decisión de compra. De esta manera, generar deseo es imprescindible y ¿qué mejor medio para vincular este deseo, especialmente en productos destinados a consumo masculino, que el empleo de imágenes sexuales y funciones estereotipadas de la mujer? La discusión está servida.

     El problema no es una cuestión baladí y la discusión ha sufrido una transformación interesante en los últimos años. La publicidad es consecuencia de la realidad social y, generalmente, refleja bien los criterios morales imperantes. Pero también debe ser consecuente con la realidad jurídica que tenemos. La lucha por la igualdad de derechos -un logro que nos beneficia a todos como sociedad- debe reflejarse en los medios publicitarios; unos medios que, nos guste o no, actúan con una función de espejo ante la realidad social. No obstante, este paso no ha sido equivalente. Desde la publicidad de los años setenta, donde la mujer aparecía en su papel único de mujer y madre, excluída de cualquier otro rol social, no se ha pasado a una publicidad, en el 2011, donde ni la mujer ni sus comportamientos, no sean tratados de forma estereotipada:  Anuncios de comida son protagonizados siempre por mujeres -"idílicas" amas de casa con apariencia de modelo de pasarela- o anuncios de bebidas con clara atención en el cuerpo de la mujer de manera totalmente desligada del producto.

           Esta realidad, en Colombia, debe trasladarse, al igual que ha ocurrido en muchos países europeos, en normas que prohiban este tipo de publicidad sexista que en nada nos beneficia como sociedad. Resulta sorprendente que, en Colombia, con la aprobación de normas como la Ley 1257 de 2008 de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, no se tratara ni regulara esta cuestión la cual, de manera indudable, es un impulsor de comportamientos de discriminación contra las mujeres. La razón de esta ausencia, a mi juicio, es doble. Por un lado, la publicidad carece de una regulación homogénea en el país, un vacío legislativo que pronto deberá ser cubierto. Por otro, por una razón más preocupante que aparece revestida de una apariencia inocua: La íntima relación entre publicidad sexista y humor. Si hace décadas, estos comportamientos discriminatorios aparecían con total claridad, estos mismos valores se propagan hoy bajo el velo del humor. La vejación, la utilización del cuerpo de la mujer como objeto de consumo, la mujer como  sujeto sumiso al hombre y dependiente de éste, entre otros, son matizados bajo la cortina del humor; algo que parece, socialmente, disminuir la reprobación social y la necesidad de regulación. Una práctica radicalmente inadmisible. Para muestra un botón.

Esta tendencia debe ser cambiada y una regulación que impida la realidad vigente debe ser impuesta. La adopción de medidas que lleven a la consecución de una igualdad real entre hombres y mujeres debe ser una exigencia de todos los ciudadanos. Y es una exigencia demasiado seria para ser banalizada por un sentido del humor utilizado como coartada sexista. Las mujeres lo exigen legítimamente y deben saber y sentir que los hombres, como ciudadanos dignos y completos, estamos de pie de a su lado.

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[1] Profesor de Planta y Director del Grupo de Estudios de Derecho de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (GEDCOP) de la Universidad de los Andes. 

Soflan is a weapon of mass destruction

María Inmaculada Blancox y las identidades que crea la distribución inequitativa del trabajo doméstico en el mundo post-clorox

Lina Fernanda Buchely Ibarra *

Mi última causa de irritación televisiva ha sido el reciente comercial de Soflan, a propósito del día de las madres. Niños con blondas cabelleras, blanca tez y rosadas mejillas agradecen a su madre, tiernamente, el tener una sábana inmaculadamente blanca, una frazada suavecita y un cojín de flores con los colorcitos bien definidos.  Esa tanda de marketing se combina con hijos que vuelan gracias a la suavidad de los pantalones que visten después de un buen planchado, esposos que bailan caribeños ritmos de felicidad sobre pisos brillantes y desinfectados (moviendo agitadamente sus caderas, en un vínculo entre la limpieza y el deseo que aun no he logrado comprender), y bebes ultra-estimulados que ganan la batalla frente a los gérmenes del baño gracias a la labor de su abnegada madre (tampoco he logrado entender bien cuáles son los bordes de esta guerra fría que algún día le declaramos a nuestros amigos invisibles: los gérmenes y las bacterias, y el temor que estos pobrecitos bichos le tienen a esas ficticias “buenas madres”). Y yo no he sabido cómo hacer para que, después de un día largo de trabajo, con el tradicional cierre de mercado, pagos, bancos, lavandería y/o cocina en alguno de los dos días de la semana en los que me toca la comida, pueda conciliar el sueño después de la intensa tanda de idolatría frente a la pura María Inmaculada Alegría Blancox superhipermega- limpia, como protagonistas de todos estos comerciales de Suavitel, Vanish, Ace y todas sus inimaginables cadenas de competencia. Quién fuera la madre y/o esposa de tan dichosos especímenes…tal vez desperdiciamos el tiempo cuando leemos tanto y perdemos de vista que la salvación de nuestras vidas está en el buen uso de los oxianillos desinfectantes del nuevo Ariel.

Lo primero que me pregunto es si María Inmaculada vivirá mejor que yo: ¿Ganará más plata? ¿Será más feliz? ¿Será que tener esposos limpiamente satisfechos e hijos libres de infecciones, envueltos en suaves prendas y con camisetas tipo blancox, “si paga”? La respuesta, irremediablemente, siempre es negativa. La manera que se construye – social y teóricamente- la categoría del trabajo doméstico es uno de los cajones más oscuros en donde se guarda la desigualdad de las mujeres. Los publicistas insisten en que María Inmaculada sea la protagonista de sus comerciales…aun cuando todos sabemos que María Inmaculada Blancox siempre pierde. Primero, María Inmaculada Blancox no “gana plata”, porque en estricto sentido, no trabaja. María Inmaculada Blancox, como muchas mujeres, dedica su vida a entregar bienestar, felicidad y afecto en el hogar, a limpiar, barrer y cocinar, dentro de una cadena de labores arbitrariamente excluidas del mercado y consideradas por la economía capitalista y la sociedad industrial como resultado del trabajo reproductivo (no- productivo), no generador de valor y por definición, invisible e incuantificable desde la perspectiva de la “riqueza”.

Segundo, María Inmaculada vive inmune – como su casa misma- a los pensamientos predadores de la maximización de beneficios y la racionalidad instrumental, y es por definición un no- agente (fundamentalmente dependiente de su esposo – proveedor, más conocido Ken Male Breadwinner). María Inmaculada hace el bien sin saber a quién, y “es buena madre”. Pero ser buena madre no “paga”, no “compite”, no “vale”. El tiempo de María Inmaculada está continuamente subvalorado porque, como el aire limpio, no tiene costos, no está regulado, está fuera del mercado…pero eso sí que produce efectos materiales.  La existencia de María Inmaculada y su cruel esfuerzo por la limpieza sin límites tiene mucho que ver con la idea de que “el tiempo de las mujeres vale menos”, por lo que se nos paga menos, se nos reconoce menos, se nos releva menos.  María Inmaculada tiene entonces que además que administrar el odio de su vecina, Barbie Working Woman, quien tiene que llegar a hacer lo mismo que ella después de sus 10 horas diarias de trabajo, por un monto bien diferente al que le darían si ella hubiera posicionado como un Ken Male Breadwinner. Y tanto el mejor sueldo de Ken como el odio de Barbie son aparentes contingencias “creadas por el sistema”.

Pero adicional a ello, María Inmaculada es un ser profundamente engañado, al que le han enseñado a creer – con esas maravillosas estrategias del consumo- que la felicidad de su vida se encuentra vinculada con el modelo de la casa blanca y limpia. María ignora que existían hijos felices aun antes del descubrimiento de los blanqueadores, días de sol aun sin la ropa limpia y noches cálidas aun sin cobijas suaves y con colores bien definidos. Más allá de eso, que todos queramos vestir ropa recién lavada y que la suavidad de las telas esté asociada con la pureza del alma, es un invento perverso de antes de ayer por la mañana (porque nuestras abuelas nunca lavaron tanto, y mi papá repetía pantalón dos semanas enteras). María inmaculada ignora que, como en las mejores novelas, su vida cotidiana está plagada por la falsa conciencia: Soflan Suavitel y el Ariel Oxianillos no son sus aliados, son unos oportunistas traidores que le prometen la felicidad a cambio de lavar más, limpiar más, planchar más, comprar más, en un mundo ficticio en el que la felicidad está perversamente asociada con la limpieza. Esta vez (¿sólo esta vez?), la tecnología y los avances de la modernidad, no están propiamente del lado de la emancipación femenina.

Finalmente, los pocos momentos de placer de María Inmaculada están plagados también de mentiras y odio. El tipo ideal de la María Inmaculada genera “placer” de las historias de hadas norteamericanas que observa al medio día, pero nadie le ha contado tampoco que si Lucerito, Carasucia o Marimar tuvieran segunda temporada, su vida estaría plagada por la venganza y el odio. María Inmaculada ignora que, si Ken Male Breadwinner se llega a casar con su Marimar (o cualquier mujer que haga las veces de su “empleada doméstica”) la riqueza de su nación pierde, porque la actividad doméstica de Marimar “sale” del mercado para convenirse en el improductivo trabajo de hogar. Todas las novelas mejicanas esconden tras la dicha de la boda entre la empleada y el patrón, la inmediata caída del PIB de su pobre patria.

Y si, siempre duermo tranquila. Después de todo, siempre es mejor  posar dentro del artificio de las  Working Women que  dentro de la etiqueta de las Desperate Housewives.

Ver:

Lourdes Beneria (1992), Unequal Burden:  Economic crises, Persitent poverty, and Women’s Work, Westwive Press.

Jules Coleman (1980), Efficienty, Utility and Wealth Maximization, Hoftra Law Review, Vol. 8: 509.

Frances Olsen (1983), The Family and the Market.  Harvard Law Review. Vol. 96:1497.  pp. 1560

Charlotte Perkins Gilman (2008). Mujeres y Economía. Un estudio sobre la relación económica entre hombres y mujeres como factor de evolución social. Valencia: PUV.  

Juliet B. Schor (1992). The Overworked American- The Unexpected Decline of Leisure. New York: BasicBooks.

*Abogada, politóloga y Magister en Derecho de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Estudiante de segundo año de doctorado en derecho de la misma universidad. Profesora de la cátedra de Introducción al Derecho en la Universidad de los Andes. Correo electrónico: l-buchel@uniandes.edu.co.

Un sabor amargo

Valentina Montoya Robledo

Hace unos días estuve en una celebración por los 10 años de Women’s Link Worldwide y por los 5 años de la despenalización parcial del aborto, a través de la Sentencia C-355 de 2006. Aunque las y los que nos reunimos allí estábamos muy contentos por lo que se había logrado alrededor de la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pienso que todos quedamos con un sabor amargo. La realidad en nuestro país demuestra, una vez más, que la consagración normativa de conceptos como la familia, que tiene un sustento en lo que los grupos hegemónicos desean imponer, tiene impacto en la protección de los derechos y el ejercicio de la ciudadanía del 52% de la población colombiana: las mujeres. La discusión sobre la autonomía reproductiva no debe centrarse alrededor del derecho a la vida, sino de la naturalización de su conexión con la familia y la reproducción, que les impide a las mujeres formular un proyecto de vida por fuera de ésta.

Mónica Roa habló de dos grandes enemigos actuales para la implementación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo: el discurso cuasi-facista del Procurador, y la reforma constitucional que quiere impulsar el partido Conservador en alianza con la Iglesia Católica, para promover la protección del derecho a la vida desde la concepción. Por esos mismos días vimos en los medios de comunicación el reflejo de esas posturas, cuando en un espacio académico el Procurador expresó que la Corte Constitucional ha empezado a promover, en lugar del “Estado de Derecho” el “Estado de los deseos”.

Aquí aparecen varias preguntas: ¿Por qué existe una lucha a muerte en la que un sector de la población quiere detener el avance de los derechos de otro sector amplio de ésta? ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad colombiana que sigue anclada a cánones católicos de lo que es la familia y la reproducción? Mi hipótesis es que en Colombia la autonomía reproductiva está vedada socialmente precisamente porque las mujeres deben permanecer bajo el control de los hombres. El concepto católico de la familia ligada a la reproducción justamente se encarga de atar a la mujer a la familia, para que ésta nunca pueda salir completamente del ámbito de lo privado. Lo público se deja a los hombres, muchos de los cuales en la actualidad no tienen un verdadero compromiso con las labores al interior del hogar. El espacio de lo público es el espacio de las decisiones donde las mujeres “no deben participar”.

La lucha feroz que en este momento están liderando el Procurador y el partido Conservador contra el aborto, es la lucha contra el ejercicio de la ciudadanía de más de la mitad del país, que no tiene derecho a elegir un proyecto de vida por fuera de la familia. Cuando un grupo ha dominado por tanto tiempo, no puede venir a perder de buena a primeras este espacio. Las mujeres representamos una amenaza para esos hombres que se están quedando sin argumentos, que han venido demostrando su incompetencia para manejar el país, y que siguen sumiéndonos en la guerra. Ese espacio público que han dominado por siglos se les va desmoronando cada vez que las mujeres empezamos a tomar las riendas de nuestras vidas, más allá de la labor reproductiva al interior de la familia que se nos había asignado.

Lo que sigue ahora es trabajar fuertemente para que en los próximos 5 años el balance sea mucho más positivo, y se nos quite ese sabor amargo. La lucha, más allá de las minucias ciertamente relevantes de salud pública, de peleas con cada uno de los médicos y jueces que objetan consciencia para no practicar la interrupción voluntaria del embarazo, con los policías que se niegan a entregar la copia de la denuncia de violación, o de las EPS que esperan la respuesta del juez de tutela para practicar la IVE, debe ser la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como derechos humanos. Debe afianzarse el papel de las mujeres como actoras relevantes por fuera de su rol familiar. En Colombia nos preciamos de tener una de las democracias más antiguas de la región. Mi pregunta es: ¿De qué tipo de democracia es de la que nos enorgullecemos en un país donde más de la mitad de la población no puede elegir su propio proyecto de vida?

Cruzando la frontera del silencio

Qué quiere decir la ira que nos da cuando nos tratan como “niñas bonitas” o nos invitan a compartir una cama de hotel nuestros compañeros y jefes

Isabel Cristina Jaramillo S*

Recién graduada de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes trabajé apoyando a Cristina Motta en varios de sus proyectos sobre género y derechos de las mujeres. En particular, queríamos saber qué tanto los jueces y doctrinantes colombianos se ajustaban al patrón, descrito en la literatura de Estados Unidos, de no investigar y no sancionar la violencia sexual entre conocidos (cónyuges, novios, compañeros o “citas”) y qué tanto se percibía esta violencia por parte de estudiantes de la Universidad. Aunque no obtuvimos financiación recogimos datos valiosos, entre otros, que alrededor de un 7% de los estudiantes de la Universidad encuestados –la muestra fue aleatoria y representativa- creían haber sido víctimas de la violencia sexual por parte de un conocido; alrededor de un 7% de las estudiantes mujeres encuestadas afirmaban haber recibido presiones de índole sexual por parte de profesores o monitores; y alrededor de un 23% de los estudiantes afirmaron haber recibido comentarios inapropiados de índole sexual sobre su forma de vestir, su forma de caminar, etc. El Consejo Académico de la Universidad recibió los resultados de este estudio y mostró preocupación pero, hasta donde pudimos constatar, no adoptó ninguna medida concreta sobre el tema. Ante la falta de financiación y el retiro de Cristina, me dediqué a otras actividades deseando que la cosa no fuera en realidad tan grave como parecía.

Doce años después, y sin ninguna acción particular encaminada a ello, varias profesoras, estudiantes y empleadas de la Universidad han empezado a acercarse a mí contándome casos de acoso sexual en los que se han visto involucradas personalmente o de los que han tenido conocimiento. Todas están furiosas y tristes y quieren hacer algo. Todas quieren explicar que lo que les pasó está muy mal. Todas quieren no parecer unas locas histéricas por sentirse así.

Nos ha resultado difícil entender por qué sigue siendo “raro” y difícil de explicar que tenemos derecho a ponernos furiosas y tristes cuando nuestros colegas profesores nos dicen que “me dijeron que no se te entendió nada pero que estás muy linda. Deberías estar feliz” o que “no te pongas bravita que te ves muy linda pero necesitamos seguir en la reunión”; cuando un jefe nos engaña para que tengamos sexo con él; cuando califican nuestro rendimiento como “satisfactorio”, y no excelente, sin ninguna explicación; cuando nos dicen que para aprender a soldar lo que tenemos que hacer es pensar que la herramienta es “como una máquina de coser”; cuando vemos a nuestras colegas renunciar sistemáticamente en departamentos con más del 90% de profesores de planta hombres; o cuando nos enteramos que nos pagan menos que a colegas hombres menos calificados y que no podemos discutir el dato porque es “privado” e íntimo.

Pues bien, creo que nuestra dificultad tiene que ver precisamente con que ya tenemos el vocabulario para explicar qué quieren decir estas conductas que nos reducen a objetos sexuales, úteros ambulantes y niñas emocionales, pero carecemos del respaldo legal e institucional para que nuestras quejas se escuchen, y de la fuerza política para que se haga algo al respecto y asumir los costos de los cambios. Aunque justificar este argumento me tomaría más de lo que es razonable incluir en un espacio como este, creo que puede ser ilustrativo plantear lo que tenemos en la norma laboral, los estatutos profesorales y el reglamento.

La ley 1010 de 2006 estableció el acoso laboral como una conducta vulneradora de los derechos de los trabajadores y una serie de garantías para quienes la padecieran. La ley no es especial para el tema sexual y simplemente manifiesta en general que constituye acoso la intimidación, discriminación, persecución, etc., de un trabajador por su jefe o por otros trabajadores. La garantía que se ofrece al trabajador víctima es que si ha sido despedido su despido se considerará injusto y si ha renunciado también se considerará como despido injusto. La indemnización, sin embargo, no es gran consolación (más o menos un mes de salario por cada año trabajado en contratos a término indefinido y todo lo que falte por completar el tiempo o la obra en caso de contratos a término definido o por duración de la obra) y en un país con altas tasas de desempleo nadie quiere aparecer como “la que demandó a la empresa anterior por acoso laboral”. Además de esto, la empresa puede ser condenada a pagar multas –que no ayudan a la mujer del caso concreto- y se le da la opción de imponer sanciones al empleado que ha incurrido en el acoso. La ley explícitamente señala que no se aplica a individuos vinculados por contratos de prestación de servicios, que es la forma en la que muchas jóvenes trabajan en proyectos de investigación en la Universidad.

El estatuto profesoral y los reglamentos de estudiantes, de otro lado, claramente condenan la “violación de los derechos humanos” y el trato discriminatorio por parte de profesores y de estudiantes. Se prevén mecanismos de índole más académica (acudir a los Consejos de Facultad y al Consejo de la Universidad) y mecanismos sancionatorios (iniciar un proceso disciplinario laboral al profesor que incurrió en conductas de este tipo). No obstante, sé al menos de un caso en el que todas las autoridades involucradas le pidieron a la profesora que “conciliara”, que la “cosa no era grave”. Las Actas y Acuerdos del Consejo Académico de Universidad no registran casos ni explican qué medidas se tomaron. Si alguna sanción se aplica (porque se han aplicado) no se hace pública para proteger al profesor (al agresor) y, supuestamente, a la víctima (estudiante o profesora). Al indagar por el tema entre los funcionarios responsables, la respuesta estándar es que “este es un tema muy delicado” (pues claro!), “la Universidad no tiene datos” (lo dudo), “debe respetarse la privacidad” (la de quién?).

Finalmente, cuando alguien se arriesga a decir algo e insiste tanto que se lo toman en serio, le piden que diga qué quiere: lo echamos? Le arruinamos la carrera? Lo metemos a la cárcel? Esto, como si la víctima tuviera que hacerse responsable de la fuerza que implica el castigo y tuviera que asumir todos los riesgos de una posible retaliación. Pero para la víctima el tema no es causar un daño a quien la ha agredido, el asunto es cómo garantizar que no volverá a ocurrir y por eso recurre a las autoridades y no a su propia mano. Cuando las autoridades no quieren hacerse responsables, si tienen miedo, entonces se vuelve crucial que la víctima no se sienta sola, que sepa que hay un número suficiente de personas dispuestas a respaldarla. En la Universidad de los Andes es difícil que profesoras, estudiantes y empleadas sientan el respaldo de sus colegas y compañeras en estos temas. Entre otras razones porque el tema ha sido “oculto”, “privado”, “delicado”. La falta de respaldo también puede estar asociada a que no todas estamos convencidas de que las soluciones del despido o la cárcel sean verdaderas soluciones y nos cuesta trabajo imaginarnos otras.

Claro, mucho de esto está cambiando y cada vez encontramos espacios más propicios para el desarrollo personal y profesional y solidaridad frente a inquietudes de este tipo. Precisamente porque estamos “cruzando” es que podemos ver mejor qué era lo que nos anclaba. Ahora resta encontrar mecanismos eficaces para transformar nuestra cotidianidad más allá de los talleres y jornadas de sensibilización, por un lado, y del despido o la cárcel, por otro. Instituciones muy masculinas han logrado grandes cambios en este sentido adoptando políticas de acción afirmativa en la contratación y promoción de profesores (MIT es tal vez el ejemplo de mostrar). Menos claridad hay sobre lo que funciona para proteger a las estudiantes de ser los objetos de deseo de sus profesores. Yo por lo menos estoy dispuesta a empezar a hacer algo. Doce años son mucho tiempo y la cosa si es grave.

*Directora del grupo de Derecho y Género y de la Maestría y Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes